La nueva Ley General para el sector de las telecomunicaciones

La Ley General de Telecomunicaciones ha sido aprobada este pasado mes de junio y trae consigo una serie de medidas que afectarán de manera directa al sector de las telecomunicaciones. Una de las medidas más sorprendentes y resonadas es la obligación de las tecnológicas por prestar servicio con redes de banda ancha con una velocidad de descarga superior a 100 megabaits por segundo en todo el territorio. Con todas ellas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la Competencia pretende una mayor regulación de este mercado, así como una oferta de calidad a los clientes de las operadoras.

Entre las medidas que se esperan con esta nueva regulación que entrará en vigor a partir del año 2023 se encuentran las siguientes:

  • Los usuarios que quieran cambiarse de operador pueden hacerlo en el plazo de un día hábil.
  • Con la nueva ley, se mejora el acceso a las telecomunicaciones para las personas mayores, así como aquellas con discapacidad o en situación de dependencia.
  • Las condiciones del contrato tienen que estar claramente detalladas antes de su formalización.
  • Las operadoras tendrán que prestar un servicio al cliente en todas las posibles lenguas oficiales del Estado.
  • Las cabinas dejarán de funcionar y en su lugar habrá teléfonos de emergencia como puntos de recogida de paquetes.
  • Los clientes de la línea podrán decidir dejar de recibir llamadas comerciales que no les interesen.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones entrará en vigor a partir de 2023 en toda España. El objetivo principal de esta nueva ley es permitir la universalización de los 100Mbps de la agenda digital prevista para 2025.

La ley general de telecomunicaciones no solamente afectará al consumidor sino también a aquellas empresas operadoras que trabajen en el mercado español. Estas nuevas medidas para ellas se ven reflejadas a continuación:

  • Aquellas operadoras que presten servicios de comunicaciones electrónicos tendrán que facilitar al ministerio correspondiente una comparativa real de los precios, cobertura e incluso calidad de sus servicios.
  • Las operadoras estarán obligadas a prestar un servicio al cliente en aquellos casos de portabilidad fallida.
  • Los usuarios podrán restringir el acceso a terceros proveedores a las facturas correspondientes de un operador en concreto.
  • Todas aquellas empresas que presten servicios de comunicaciones electrónicos deberán proporcionar al usuario un resumen del contrato conciso y fácil de entender, antes de firmar su formalización.
  • Se le podrá exigir información actualizada, fiable y completa de la calidad de los servicios finales que ofrecen a sus clientes.

Dichas medidas están recogidas en la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones y por lo tanto toda la actividad de los sectores de telecomunicaciones pasa a estar regulada por esta nueva ley y bajo supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien podrá establecer sanciones a las operadoras. Estas sanciones podrán ser de carácter leve que varía desde los 100.000€ hasta sanciones de carácter más grave que pueden llegar a los 2 millones de euros.

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