¿Cuáles son las responsabilidades del Administrador en una S.L.?

Todo aquel que pretende constituir una sociedad como medio para la consecución de sus fines empresariales se plantea cuál es el tipo adecuado para su concreta situación. Una de las opciones más habituales es la de la Sociedad Limitada (S.L.), y es que suponen el 35,41% del tejido empresarial español.
La principal razón por la que las Sociedades Limitadas son las preferidas entre los emprendedores españoles es el alcance de la responsabilidad de los socios, la cual se limita a las aportaciones de capital de cada socio, por lo que el patrimonio personal de los mismos queda protegido. Sin embargo, ¿sucede lo mismo con el administrador?
La Ley de Sociedades de Capital obliga a toda sociedad constituida a contar con un órgano de administración responsable de la gestión de la misma. Esa facultad administradora podrá corresponder a un administrador único, a varios administradores que actúen solidaria o mancomunadamente, o a un consejo de administración. Una vez nombrado por la Junta, al administrador, cualquiera sea su forma, le corresponden una serie de deberes y obligaciones. Entre ellos, se encuentra el de actuar con diligencia en el ejercicio de sus funciones, el secreto sobre las informaciones de carácter confidencial y la lealtad para con la administración.
El régimen de los administradores, sin embargo, es distinto al de los socios. Las sociedades limitadas responden ante terceros del daño que cause por actos u omisiones del administrador contrarios a la ley, a los estatutos o derivados del incumplimiento de los deberes mencionados en el párrafo anterior, siempre que haya mediado dolo o culpa. Sin embargo, pese a ser responsable directa la sociedad y es esta quién tiene que responder por los daños causados por el administrador, este último responderá civilmente ante los socios y acreedores con todo su patrimonio, presente y futuro. La acción de responsabilidad puede ser social, promovida por los socios, o individual, promovida por socios o terceros y prescribe a los cuatro años.
Por otro lado, existe cierto consenso jurisprudencial acerca de la calificación como desencadenantes de responsabilidad del administrador por ser incumplimientos dolosos o culpables de sus deberes de algunas conductas llevadas a cabo por los mismos, éstas son, entre otras:

  • No llevar ningún tipo de contabilidad, ni formular ningún balance sobre la situación de la sociedad.
  • No convocar ninguna Junta.
  • No liquidar la sociedad conforme a derecho en caso de existir causa de disolución. No dándola de baja registralmente con que se crea un peligro grave a los acreedores, que ven perjudicados sus créditos, violando las normas de seguridad y buena fe mercantiles.
  • No solicitar concurso de acreedores en los dos meses siguientes en caso de insolvencia actual.
  • Ignorancia del administrador de todo lo relativo al giro y tráfico de la sociedad que administra.
  • Carácter de operación arriesgada, atribuible a las compras efectuadas, tras un año o más de ejercicios contables negativos.

Por lo tanto, y pese a que la ley permite a cualquiera ser administrador social, es necesario que el mismo sea consciente de la responsabilidad que asume y las obligaciones que se derivan del cargo.