Propuesta IASB: Hacia una nueva estructura de la cuenta de resultados

Recientemente, el Consejo de las Normas Internacionales de Contabilidad (también conocido como IASB), ha emitido el documento borrador relativo a criterios generales de presentación y desglose, que tiene como objeto sustituir a la actual NIC 1 Presentación de estados financieros. El propósito del citado borrador es mejorar la manera en la que se transmite la información en los estados financieros, focalizando la atención en la información sobre la rentabilidad de la cuenta de resultados.

En lo que al borrador respecta, se plantea que la entidad presente tres nuevos epígrafes o subtotales en la cuenta de resultados: resultado antes de financieros e impuesto sobre el beneficio; resultado de explotación e ingresos y gastos derivados de asociadas y negocios conjuntos integrales.

De esta manera, se permite a las entidades que presenten los ingresos y gastos de una manera más ordenada y calificándolos entre: explotación, inversión; asociadas y negocios conjuntos integrales; financiación.

Con ello, el mencionado IASB proporciona una respuesta a lo pretendido por los grupos de interés e inversores sobre un mayor progreso en la transparencia, así como en la comparabilidad de la información del rendimiento de las entidades. De la misma manera, el IASB plantea que tanto los ingresos como los gastos de inversiones de los negocios conjuntos integrales y sociedades asociadas, se presenten de manera separada en un epígrafe relativo a la cuenta de resultados. Asimismo, las inversiones en asociadas y negocios conjuntos integrales y no integrales serán presentados en balance de similar forma.

Por último, señalar que la normativa pretende reducir las alternativas de presentación del estado de flujos de efectivo con el objetivo de prosperar la comparabilidad entre las empresas. Por ello, el IASB ha abierto el periodo de consulta pública para el citado borrador, cuyo plazo es fijado hasta 30 de junio de 2020, de manera que es una gran oportunidad para analizar a fondo la propuesta y participar en su contenido.

Análisis de las nuevas NIIF

En los últimos dos años, han entrado en vigor tres normas internacionales de información financiera – también denominada como NIIF- las cuales son: instrumentos financieros (NIIF 9), ingresos (NIIF 15), y arrendamientos (NIIF 16).

Las mencionadas normas, suponen un impacto, pues introducen en numerosas partidas del balance y cuenta de resultados y las ratios que emplean los diferentes agentes del mercado, los cuales requieren comprender su nuevo enfoque y su aplicación práctica. Esta publicación facilita y ayuda a conocer la dificultad de estas modificaciones explicando los criterios aprobados, describiendo su alcance y utilizando ejemplos y situaciones prácticas para cada norma examinada. Asimismo, se plantea la interpretación sobre el tratamiento contable de las incertidumbres fiscales, también denominado CINIIF 23.

Además, todos los cambios aprobados por los reguladores internacionales motivados por la COVID-19 durante estos últimos meses y que tendrán reflejo en las cuentas anuales del ejercicio, también se recogen.

La posibilidad de poder utilizar un mismo lenguaje contable y criterios homogéneos en los estados financieros resulta clave para generar confianza y que el mercado de capitales funcione con transparencia, autorizando la comparación entre el desempeño financiero de las entidades y la toma de decisiones de miles de accionistas, inversores y analistas. Destacar que, el marco internacional de las NIIF es el más extendido, con una extensión de 166 países, entre los que destaca la Unión Europeo y un gran número de países latinoamericanos.

Auditoría de Fundaciones

Las Fundaciones son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro y cuyo patrimonio está destinado a fines de interés general. Estas organizaciones adquieren personalidad jurídica una vez se inscriben en el Registro de Fundaciones.

Estas organizaciones deben llevar una contabilidad de sus operaciones ordenada y adecuada a su actividad. Esta contabilidad permite hacer un seguimiento cronológico de las operaciones que realiza la fundación. Al igual que el resto de entidades, la contabilidad deberá mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la organización. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre establece la obligación de que las fundaciones elaboren un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales (integradas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria).

Las Cuentas Anuales deben elaborarse cumpliendo el Plan General de Contabilidad según artículo 5 del Real Decreto 1491/2011. A fin de hacer más fácil esta tarea, el Real Decreto 1491/2011 ha desarrollado normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Además, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, mediante Resolución de 26 de marzo de 2013, aprobó el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

Las Cuentas Anuales de las Fundaciones de ámbito estatal son formuladas por su presidente, aprobadas por el Patronato en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio y presentadas al Protectorado junto con el informe de auditoría si estuviese obligada.

Según la Ley 50/2002, las fundaciones, aunque no tengan ánimo de lucro, están obligadas a auditar sus cuentas anuales siempre que, a fecha de cierre del ejercicio, se cumplan al menos dos de las siguientes circunstancias:

  • Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000 euros.
  • Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el de la cifra de negocios de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros.
  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.

Es crucial que cada fundación lleve una contabilidad que refleje fielmente su patrimonio y cuenta de resultados. El informe de auditoría elaborado, ya sea de forma voluntaria o por obligación legal, será sello de garantía de la veracidad y corrección de sus Cuentas Anuales.

Resolución del ICAC sobre el reconocimiento de ingresos

El pasado 13 de febrero se publicó en el BOE la resolución del 10 de febrero del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (en adelante ICAC), en la que se establecían normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales teniendo en cuenta los ingresos por la entrega de bienes y prestación de servicios. Estas normas se han introducido en nuestro cuerpo legal debido a la necesaria adaptación a la normativa de la Unión Europea, más concretamente, la NIIF-UE 15 por la que se introduce cambios en la NRV 14º “Ingresos por ventas y prestación de servicios” así como la información a incluir en la memoria sobre estas transacciones.

El objetivo de esta resolución es el desarrollo del Real decreto 1/2021 de 12 de enero, de modificación del Plan General de Contabilidad puesto que dicha normativa ha supuesto un importante cambio respecto a la anterior como frente al reconocimiento de ingresos, su nuevo alcance y forma de inclusión en la memoria de las cuentas anuales de la sociedad. Si bien es cierto que el ICAC ya se había pronunciado respecto a los cambios normativos dando respuesta a consultas formuladas sobre el tema en el Boletín Oficial del ICAC.

La modificación de la normativa ha supuesto un cambio profundo en la forma de actuar, la resolución objeto de este análisis consta de cinco capítulos siendo el primero de ellos relativo a las consideraciones generales, entre los que se incluye las empresas a las que afecta esta modificación, en segundo lugar, los criterios de reconocimiento de los ingresos, para lo que se establecen reglas de reconocimiento de los contratos. Como tercer capítulo, se incluyen las reglas de valoración del ingreso. Respecto al cuarto apartado, se recogen dos materias que no tienen regulación clara en la normativa internacional, los costos internacionales de obtención de un contrato y los costes derivados de su cumplimiento. Por ultimo y en quinto lugar, se incluyen dos artículos destinados a las normas de elaboración de las cuentas anuales, en concreto, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.

A raíz de esta resolución, los criterios desarrollados respecto a los ingresos por la venta de bienes y prestación de servicios, tienen como base los principios de eficacia, eficiencia y proporcionalidad, como solución práctica, el ICAC en la resolución, incluye la posibilidad de aplicación de estos principios a una cartera de contrato una vez se haya comprobado que no existen mas restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Asimismo, se incluye el principio de transparencia gracias a la consulta previa de la norma, su presentación y el debate llevado a cabo por los órganos del ICAC.

En definitiva, el ICAC ha considerado conveniente elaborar esta norma siguiendo el esquema marcado por la normativa internacional, fundamentalmente para mejorar la sistemática normativa e incrementar la seguridad jurídica

El reto de auditar las cuentas anuales de 2020

Acabamos de dejar atrás el año 2020, marcado por la pandemia de la Covid – 19, que más allá de la crisis sanitaria ha supuesto el inicio de otra crisis financiera y económica, con consecuencias devastadoras para el tejido empresarial y productivo de nuestro país. Iniciamos el 2021 con nuevas esperanzas puestas en las vacunas anunciadas, pero la recuperación económica no se espera a corto plazo.

Bajo este contexto económico, los auditores tendremos que analizar y dar una opinión sobre la integridad y fiabilidad de la información financiera del cierre del ejercicio 2020 de nuestros clientes; y tendremos que prestar atención a los nuevos riesgos que nos vamos a encontrar respecto a otros ejercicios, puesto que la pandemia, en mayor o menor medida, habrá tenido impacto en cuestiones como la liquidez, financiación, operativa y organización de las entidades.

La auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2020 supondrá un reto en sí mismo para el auditor, fundamentalmente por tres aspectos que tendremos que tener muy presentes: el principio de empresa en funcionamiento, impactos en la contabilidad y la evaluación del control interno.

Uno de los principios básicos del Plan General Contable (PGC) es el principio de empresa en funcionamiento. Este principio se basa en que la gestión de la empresa continuará a lo largo de un periodo de tiempo indefinido, o más o menos largo, con un mínimo de 12 meses, lo que se conoce también como  negocio en marcha (“going concern”).

El cese temporal de la actividad de muchas empresas y la paralización de muchos negocios, en un escenario caracterizado por importante sequía de liquidez, obliga tanto a la dirección de las compañías como a los propios auditores a valorar la continuidad de capacidad de gestión de las mismas. Cuántas empresas van a ser capaces de sobrevivir y asegurar su viabilidad en el largo plazo, dependerá del sector al que pertenezcan y de su solidez financiera previa a la pandemia.

Aunque se puede considerar que la crisis sanitaria comenzó en nuestro país el primer trimestre de 2020, las cuentas anuales de 2019 ya se han visto afectadas en este sentido y muchas han tenido que incluir una estimación de los efectos que la pandemia ha podido provocar en la información financiera y la actividad de la empresa, en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Registro y Valoración 23 del PGC sobre hechos posteriores al cierre. Casi un año después, la pandemia e incertidumbre siguen siendo una constante, por lo que para la formulación de cuentas anuales de 2020, seguirá estando muy presente la valoración del principio de empresa en funcionamiento.

El segundo aspecto que tendremos que tener muy presente en la auditoría del ejercicio 2020 es el impacto, también generalizado para muchas empresas, en relación a efectos puramente contables como la valoración de existencias, provisión de insolvencias, subvenciones recibidas, nuevas condiciones de financiación o renegociaciones de contratos de alquiler, entre otros.

La impactante imagen de negocios con sus puertas cerradas debido a la suspensión de toda actividad comercial durante varias semanas, excepto para las denominadas actividades esenciales, nos lleva a la conclusión de que la rotación de las existencias de los almacenes ha sido mínima y muy lenta en estas empresas. Ante esta circunstancia, muchos productos tendrán que ser deteriorados, tal como se define en la norma de valoración 10 de existencias del PGC, “cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias”. Además, las existencias que por su naturaleza sean productos más perecederos, deberán darse de baja del balance de la sociedad y registrar la pérdida definitiva.

Otro efecto negativo para las cuentas de resultados de las compañías será el deterioro de los créditos con terceros, y en consecuencia se incrementará el reconocimiento contable del gasto en concepto de provisión de insolvencias con clientes. Con la economía prácticamente cerrada, los niveles de producción y venta han caído a niveles casi de inactividad, provocando en las compañías una falta de liquidez que era imprevisible, a pesar de las medidas implantadas por las Administraciones Públicas para inyectar liquidez en el mercado, como facilitar financiación con los préstamos ICO, la capacidad de pago a proveedores de muchas empresas se ha visto mermada.

Por último, y no menos importante, esta pandemia ha tenido un gran impacto en las organizaciones de las compañías y por ende en su control interno. Si como auditores planteamos la estrategia de auditoría sin realizar una adecuada evaluación del control interno, y nos centramos únicamente en aspectos contables, la probabilidad de no identificar posibles riesgos de fraude o errores materiales en los estados financieros será elevada.

La Norma Internacional de Auditoria (NIA) – 315, define el control interno como: “el proceso diseñado, implementando y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término “controles” se refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control interno.”

La concurrencia de dos hechos que han sido denominador común en el 2020, los ERTES y el teletrabajo, han podido debilitar el sistema de control interno de las empresas, al haber tenido que modificar procesos mantenidos en el tiempo y que daban una seguridad a las transacciones de la compañía.

Muchas empresas han tenido que acudir a la reducción de personal, con la fórmula de los ERTES, con el objetivo de reducir costes para poder afrontar la caída de las ventas y poder amortiguar el impacto en su cuenta de resultados. Con un menor número de recursos, la capacidad de las compañías para realizar los controles internos en toda la cadena de producción, suministro o prestación de servicios, e incluso en los departamentos administrativos y financieros, se ha visto reducida. Esta disminución del número de controles incrementa directamente cualquier tipo de riesgo empresarial, en especial aquéllos como consecuencia de la omisión de algún hecho o circunstancia relevante.

Otra realidad que han tenido que vivir las empresas, ha sido el teletrabajo, sin margen de tiempo para poder adaptarse a esta nueva realidad, se han tenido que adoptar y modificar procedimientos ya implantados, en muchos casos, incorporando las nuevas tecnologías, y dejando atrás tareas manuales y “en papel”, pero que funcionaban y daban una seguridad razonable al proceso. Esto a medio plazo será sin duda beneficioso para las entidades, pero quizás a corto plazo, la implantación de estos cambios en los procedimientos, sin haber sido evaluados previamente respecto a su eficiencia y eficacia de las operaciones, pueden poner de manifiesto nuevos riesgos de fraude o errores materiales en los estados financieros.

Si nos fijamos en los cinco componentes que forman el sistema de control interno: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión o monitoreo; es fácil deducir que los cambios organizativos expuestos anteriormente relacionados con los ERTES y el teletrabajo, tienen una repercusión directa en los mismos.

La revisión del sistema de control interno, debe ser una prioridad en las auditorías del ejercicio 2020, aunque sea una auditoría recurrente y ya conozcamos a nuestro cliente. No podemos fiarnos de lo histórico y la nueva realidad nos obliga como auditores a valorar de nuevo el entorno de control interno, revisando los procesos diseñados e implementados por los responsables de gobierno de la entidad, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la fiabilidad de la información financiera. De igual forma deberemos comunicar adecuadamente, a los responsables del gobierno y a la dirección, las deficiencias en el control interno que hayamos identificado durante la realización de la auditoría de los estados financieros, según se define en la Norma Internacional de Auditoria (NIA) – 265.

En resumen, auditar las cuentas anuales de 2020 afectará a todas las fases de la auditoria, desde la planificación, replanteando los riesgos de las compañías, hasta la elaboración del propio informe, siendo necesario en muchos casos aumentar el número de horas del trabajo, y requerirá más que nunca de una mayor implicación y colaboración con los órganos de gobierno de  la empresa auditada, así como de la aplicación del juicio profesional del auditor para la valoración de los riesgos.

Desde Legalnet creemos que el servicio de auditoría va más allá de la revisión de los estados financieros, ayudando a minimizar los riesgos y maximizando la fiabilidad del negocio de nuestros clientes.

Resolvemos tus dudas acerca de la Auditoría de Cuentas

Cuando se habla de las auditorías, es normal que aparezcan ciertas dudas, por ello, a continuación, vamos a resolver las preguntas más frecuentes acerca de la auditoría:

¿QUÉ ES UNA AUDITORÍA?

La auditoría consiste en una revisión de las cuentas anuales y estados financieros, por parte de un experto, cuyo objetivo es emitir un informe que garantice la fiabilidad de los documentos que ha revisado, para así poder acreditar ante terceros la veracidad y fiabilidad del contenido de los mismos.

Realmente la auditoría no tiene por finalidad la detección de fraudes societarios, su objetivo es reflejar la imagen fiel de la sociedad, siguiendo la normativa del Plan General Contable.

¿QUIÉN REALIZA LA AUDITORÍA?

El informe de auditoría se debe firmar por un experto independiente, que debe estar inscrito tanto en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, como en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Para acceder al Registro oficial de Auditores de Cuentas se deben superar unas pruebas teóricas y prácticas sobre contabilidad, economía y determinadas ramas del derecho, además de acreditar que se posee experiencia profesional de, al menos tres años, en un despacho de auditoría.

¿QUÉ TIPOS DE AUDITORÍA HAY?

La auditoría más común es la auditoría de cuentas anuales, que será obligatoria para aquellas sociedades que superen durante dos ejercicios consecutivos, al menos dos de las siguientes circunstancias:

  • Cifra de activo superior a 2.850.000 euros.
  • Cifra de negocios superior a 5.700.000 euros.
  • Número medio de trabajadores durante el ejercicio superior a 50.

Sin embargo, la auditoria de las cuentas anuales también puede realizarse de forma voluntaria, en aquellos casos en los que las empresas quieran hacerlo, en búsqueda de una total transparencia de cara a terceros, ya sean nuevos inversores, socios o incluso entidades bancarias.

Además, hay otro tipo de sociedades que tienen la obligación de auditar sus cuentas, como sucede con aquellas que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios de valores, si la entidad se dedica a seguros privados o fondos de pensiones, incluso se puede incluir la obligación de auditar la sociedad en los estatutos de la misma.

¿CÓMO SE REALIZA LA AUDITORIA?

En primer lugar, se realiza la planificación, en la que se establecerá la estrategia que tendrá el proceso de auditoría. El objetivo de esta primera fase será lograr la mayor eficiencia posible.

En segundo lugar, se realiza la ejecución, que es la fase en la que el auditor realiza la auditoría siguiendo la planificación establecida en la primera fase. Además de la información inicialmente proporcionada por la sociedad, los auditores también pueden solicitar más información que consideren relevante.

Por último, se emite el informe con la valoración del auditor y el análisis de las cuentas anuales.

El auditor para lograr su objetivo, exigirá a la empresa y al personal de la misma que colabore activamente.

¿POR QUÉ SOLICITAR LA AUDITORÍA?

En cuanto a las ventajas de realizar una auditoría se destacan las siguientes:

  • La opinión de un experto independiente puede ayudar a conocer mejor el rendimiento y funcionamiento de la sociedad.
  • Con el informe de auditoría es más sencillo el proceso de toma de decisiones en la empresa, ya que se dispone de más información.
  • Las entidades financieras las suelen tener en cuenta a la hora de conceder préstamos o financiar determinados proyectos.
  • Ofrece más confianza en sus relaciones con clientes y empresas.
  • Disminuye significativamente el riesgo de sufrir problemas en el futuro por una mala contabilidad societaria.

 

¿Quién está obligado a auditar su empresa?

Están legalmente obligados a someter sus cuentas a auditoría aquellas empresas o entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. I) Que emitan valores admitidos a negociación en mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación.
  2. II) Que emitan obligaciones en oferta pública.

III) Las entidades sujetas a supervisión pública, como son, en especial, las financieras y todas aquellas relacionadas con los mercados de valores y con el

sector asegurador.

  1. IV) Las que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios, suministren bienes al Estado y demás Organismos Públicos.
  2. V) Las sociedades colectivas y comanditarias simples, cuando a la fecha de

cierre del ejercicio, todos los socios colectivos sean sociedades españolas

o extranjeras.

  1. VI) Las sociedades de capital, salvo que, durante dos ejercicios consecutivos

reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

  1. Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros (2.850.000 Euros)
  2. -Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros (5.700.000 Euros)
  • -Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta. (50).

VII) Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por Real Decreto, incluidas las sociedades mercantiles que formen parte del sector público estatal, autonómico o local.

Además de la preceptiva obligación de auditar, nuestro Ordenamiento Jurídico contempla la obligación de auditar a instancia de parte legitimada. En este supuesto, las sociedades no obligadas a someter sus cuentas a verificación por un auditor, sí podrán verse obligadas si al menos los socios que representen el 5% del capital social insten al Registrador Mercantil del domicilio social para que, con cargo a la sociedad, nombre auditor siempre y cuando, no hayan transcurrido tres meses desde la fecha de cierre del ejercicio.

 

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una auditoría?

El tiempo dependerá de la complejidad y volumen de operaciones, no existe una estimación genérica puesto que en el desempeño de las auditorias se debe atender a criterios y circunstancias individuales de cada sociedad.

No obstante, la regulación específica en materia de auditoria establece un criterio sobre esta cuestión, determinando que el auditor dispondrá como mínimo de un mes de plazo, a partir del momento en que le fueron entregadas las cuentas para presentar informe. En consecuencia, el auditor goza de un plazo de un mes como mínimo, para elaborar su informe. Luego, este podrá verse reducido atendiendo a las necesidades específicas de cada empresa, o dilatado en función del grado de colaboración o si se producen hechos relevantes durante el periodo de elaboración del mismo.

¿Para la confección de la auditoría van a colapsar a mi Departamento de Contabilidad?

No. Desde LEGALNET se diseña, planifica y estructura el trabajo de forma anticipada, a través de un equipo de profesionales especializado el cual implementa el uso de nuevas tecnologías, lo que permite agilizar y reducir el tiempo que un departamento de administración debe emplear para suministrar documentación para la auditoría.

¿Para qué sirve la auditoría de cuentas? Aclaramos tus dudas

Uno de los sistemas de control externo de los que disponen las sociedades mercantiles es la auditoría de cuentas. Se trata de un ejercicio de verificación de las cuentas anuales que determina si la mismas expresan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la organización.

¿SOLO ES ÚTIL PARA DETECTAR FRAUDES EN LAS EMPRESAS?

Tal vez, algunos puedas pensar que este tipo de inspecciones financieras solo sirven para detectar el fraude en las organizaciones. En contra de tal afirmación, la supervisión y verificación de las cuentas anuales representa una labor de interés social. Ello es debido a la finalidad con la que se desarrolla dicha actividad, que no es otra que la emisión de un informe sobre la fiabilidad de los estados financieros y otros documentos contables. Así, el control de calidad de la información económica-contable ejercido por los auditores repercute de manera muy favorable tanto en la sociedad auditada como en todos los que se relacionan con la misma.

¿EL AUDITOR DE CUENTAS EMITE SU OPINIÓN?

El auditor se regirá por los principios de independencia, diligencia debida, objetividad e imparcialidad, de tal suerte que todo éstos se aprecien en la opinión que emite el auditor en su informe de auditoría independiente. En él, manifiesta si las cuentas anuales en sus aspectos más significativos y consideradas en su conjunto, expresan la imagen fiel del patrimonio. Los tipos de opinión pueden ser opinión favorable u opinión modificada. En este último, la opinión puede ser motivado por la existencia de salvedades significativas, por opinión desfavorable o por opinión denegada.

¿CÓMO SE INICIA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE UN AUDITOR DE CUENTAS?

El sometimiento a una auditoría de cuentas puede ser voluntaria o devenida por obligación legal. En ambos casos, se recomienda para la contratación de servicios de auditoría tener en consideración el tamaño de la empresa o grupo de empresas. Se aconseja contactar con un par de auditores locales o nacionales para empresas medianas y, en el caso de multinacionales, contar con auditores internacionales. De esta manera es más fácil comparar presupuestos y propuestas de trabajo, eligiendo el que más se adapta a las particularidades de la sociedad. Igualmente, se requiere fijar el alcance, ejercicio a auditar, responsabilidades, honorarios, plazos de entrega y calendarios de trabajo en su contrato de auditoría o carta de encargo para una gestión eficiente de dichos servicios de verificación.

Una vez seleccionado el auditor, se procede a su nombramiento por parte de la sociedad cuya competencia reside en:

  • La junta general, cuando la entidad está obligada a auditar las cuentas anuales.
  • La junta general o el órgano de administración, en caso de auditoría voluntaria.
  • El registrador mercantil cuando:
  • Ha vencido el plazo legalpara su nombramiento, en los supuestos de imposición legal.
  • Lo solicite una minoría de socios (que representen, al menos, el 5% capital social) o cualquiera que acredite un interés legítimo,para organizaciones no obligadas a auditar.

La carta de encargo y el certificado del acta de su nombramiento deberán inscribirse en el registro mercantil del domicilio social de la entidad auditada.